El extraditado ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno rompió su silencio sobre el 'cartel de la toga', en una carta enviada al Presidente Iván Duque, en el que alerta sobre impunidad en este caso y que algunos implicados podrían recuperar la libertad.

En la carta, en la que sus primeros tres párrafos son un "mea culpa", Moreno le dice que "Desde el minuto uno, cuando fui capturado acepté públicamente mi culpa y decidí convertirme en testigo y colaborar con la justicia colombiana en las investigaciones en contra de poderosos políticos y magistrados de altas cortes, que como yo, participaron de graves actos de corrupción, y que por el país, por ellos, y por la justicia, deben asumir la responsabilidad de sus actos".

"Presidente he colaborado desde aquel momento pese a la inseguridad jurídica que rodea mi caso, recuérdese como solo después de cuatro fallidos intentos, se pudo legalizar el principio de oportunidad que formalizó mi colaboración, esto fue el 17 de mayo del 2018, y precisamente ese día un juez de control de garantías ordenó que en plazo de un año (esto sería el próximo 17 de mayo del 2019), se determinara si se procedía a a suspender por un año  más con el propósito de continuar con la colaboración o si se disponía renunciar al ejercicio de la acción penal", dice la misiva.

Y añade: "Debo informarle que, pese a esta orden judicial, y a la literalidad de la ley procesal,  estamos próximos al vencimiento de los términos y aún no existe fecha conocida para realizar dicha audiencia, de hecho, entiendo que ni siquiera ha sido solicitada por el Fiscal del caso; y de no prorrogarse la suspensión de la acción penal como lo ordenó el juez dentro del año que esta pronto a vencerse, mis declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados de forma alguna, lo que implicaría que las decisiones judiciales que han hecho parte de esta investigación podrán anularse, y en resumen se retornaría la libertad a las personas detenidas y serán reintegradas en sus cargos".

Uno de los beneficios que tuvo Moreno con el principio de oportunidad era que la investigación en su contra para cuando era fiscal anticorrupción sería congelada por un año por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y uso indebido de información privilegiada. El exfuncionario se comprometió a declarar en contra de 26 personas, entre ellos los expresidentes de esa entidad Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y Gustavo Malo.